Siempre que se escribe, se habla o se comenta sobre hechos concretos de muy variada textura y color, y que engrosan nuestro día a día, se suele hacer especial hincapié en resaltar si el asunto o tema debatido cumple o no con la legalidad vigente, despojándolo de cualquier otro criterio.
Se produce de este modo lo que puede definirse como un cambio de vía, muy amortiguado, para que el posible chirrío sea imperceptible y no se entre a fondo en aquello que de verdad se cuestiona. Es decir, .... salirse por la tangente de forma elegante basándose en la legalidad. Aspecto éste, indiscutible, pero tal vez, no único en mi opinión
Valgan algunos ejemplos.
Dolores de Cospedal, Diputada Regional, Senadora y Secretaria General del PP, se desayuna un buen día con la noticia sobre sus sustanciosos ingresos anuales que rondaron los 250.000 € según declaración patrimonial de 2009. Incluso se detalla en la noticia que de 100.000€ anuales en 2006 pasa a 240.000€ en 2009. En sus declaraciones posteriores recalca muy especialmente la legalidad y transparencia ante Hacienda y los electores de los datos referidos. Se produce de esta forma.... un cambio auntomático de vía. No se entra, claro está, en la distancia "infinita" entre un sueldo mileurista ( por debajo de 20.000 € anuales) y esos emolumentos doce veces superiores. Quiero decir, que un mileurista necesitaría doce años de trabajo para alcanzar lo que la Sra. de Cospedal en un año. ¿No sería este el debate de f ondo a pesar de su legalidad?.
Rafael Velasco, número dos del PSOE de Andalucía y Diputado Regional , se desayuna otro día con la noticia sobre la subvención de 726.000 € a la empresa que dirige su esposa en concepto de ayuda a la F.P. para el empleo ( Academia Aula 5 para Formación de parados). Dicha subvención corresponde a cuatro años. Pese a ajustarse a la legalidad, dimite de forma irrevocable por no aguantar, según sus propias palabras, la cacería a la que le tiene sometido el PP, además de por motivos familiares.
No se entra, claro está, en si todas las empresas del mismo calado que existen en Andalucía , reciben o no una cantidad semejante y en qué criterios se fundamenta dichas concesiones. Se cambia de vía de forma automática y punto. El debate, de nuevo, se centra en la legalidad o no del asunto.
Otro ejemplo se centraría en el actual sistema de representación basado en nuestra Ley Electoral. Permite que nuestros representantes en el Congreso de Diputados, logren un escaño con una variación de votos realmente escandalosa. Tan solo hay que observar el número de votos de cada partido y su número de representantes.... y comparar. Cuando de forma recurrente se habla de la necesidad de modificar dicha ley que respondía a intereses concretos, y tal vez justificados , en el inicio de nuestro actual período democrático, se contrapone el argumento basado en la dificultad que supone cambiar dicha ley, que niega- no lo olvidemos- el principio de " una persona, un voto". Se esgrime, rápido, la legalidad, faltaría más, del actual sistema.
Se cambia de vía de forma automática, y se diluye el tema de fondo, que es por qué PSOE y PP mantienen una ley con poco fuste democrático y de la que ambos salen beneficiados, en detrimento de otros partidos, favoreciendo igualmente a minúsculos partidos nacionalistas, que terminan teniendo amplios poderes en decisiones que afectan a todo el Estado.
Un último ejemplo. La Reforma Laboral y otras leyes ya aprobadas o en estudio, con la pretensión encomiable de " arrimar el hombro" ante la actual situación económica. De nuevo, podría decirse que no sólo es legal - por ser leyes- sino que es justo y ético " arrimar el hombro" en semejante situación.
Se cambia de vía automáticamente y punto. El debate, de nuevo, se centra en la legalidad o no de bajadas de sueldos, congelaciones de pensiones, contratos y despidos alegres... ( todo de acuerdo a ese nuevo principio en valor de " trabajar más y ganar menos").
Mientras tanto, seguimos sin saber a ciencia cierta, si a tales medidas de austeridad se acompañan otras que tengan sobre todo el sello de la justicia y de la ética. Al fín y al cabo, una cosa es segura. No fueron los funcionarios, ni los pensionistas los responsables de la hecatombe económica que nos tiene atenazados. Ni la juventud que se incorpora o pretende incorporarse al trabajo a duras penas. Nadie se acordó de ellos en la época de " la gloriosa burbuja", ni amasaron grandes fortunas por su condición de funcionarios, pensionistas o jóvenes mileuristas.
( Los datos aportados en esta entrada, pertenecen a El País)
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